El pasado 13 diciembre 2013 tuvo lugar una reunión de AERTIC y el Partido Popular para analizar la futura Ley de Telecomunicaciones, que se encuentra en trámite parlamentario. Participaron en este encuentro el presidente de AERTIC, José Luis Pancorbo, miembros de su junta directiva, el secretario general del PP de La Rioja, Carlos Cuevas, y el diputado nacional y portavoz de la Comisión de Interior en el Congreso, Conrado Escobar.

El Consejo de Ministros aprobó recientemente la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que actualiza la normativa vigente desde 2003 para adaptarla a los profundos avances que ha vivido el sector y para favorecer el desarrollo futuro de la economía digital.

La norma dota a los operadores de telecomunicaciones de un marco jurídico y técnico que les facilitará el despliegue de sus redes y la prestación de sus servicios, lo que redundará en mejores ofertas para los ciudadanos y para las empresas, ya que supone mayor oferta de servicios a menores precios, con mayor cobertura, así como la aparición de servicios más innovadores y de mayor calidad.

Según el Gobierno, este proyecto supone un avance muy importante en la reforma de las administraciones públicas porque implica su coordinación para desplegar redes y la simplificación de licencias y procedimientos a la hora de llevar a cabo actividades sujetas a esta ley.

El sector TIC de La Rioja, ha aportado enmiendas y alegaciones para mejorar esta ley de manera que el Grupo Popular riojano a través de su miembro en el Congreso de los Diputados pudiera trasladarlas y tratar de incluirlas durante su tramitación en el Congreso.

Artículo 9: Obligaciones en el suministro de la información.

Esta obligación supone que las empresas de internet tienen que dar obligado cumplimiento a los requisitos de información solicitados por los distintos estamentos policiales o judiciales. Este cumplimiento entendemos que es obligado y de justicia que se solicite, pero el sector empresarial solicita que se puedan repercutir sus costes a alguna a la causa judicial, o las pesquisas previas que se estén llevando a cabo. Estos costes suponen que en algunas empresas haya el equivalente a una persona a tiempo completo para dar cumplimiento a estos requerimientos de información, incurriendo en una carga adicional excesiva para la empresa.

Artículo 42: Conservación y cesión de datos. Según este artículo los proveedores de servicios en internet tienen que mantener copia y custodias de las transmisiones de información durante 2 años, por motivos de seguridad. Según el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), ha dictaminado muy recientemente que esta norma de la UE vulnera la carta de los derechos fundamentales. En su opinión con una custodia de un año debería ser suficiente.

Como empresas, esta custodia de dos años implica un sobrecoste y una pérdida de competitividad importante, con respecto a otras legislaciones más laxas a nivel mundial, debido a los costes adicionales de almacenamiento que se incurren para dar cumplimiento a esta obligación. Estimamos que todos los esfuerzos que se hagan para reducir este plazo o relajar su aplicación, redundará en una mejora de competitividad para todas las empresas del sector internet español.

Artículo 25: Servicio Universal. La petición a este respecto del tejido empresarial con respecto a la prestación de servicios, es que se incluya como sujetos susceptibles de servicio universal al tejido productivo, o sea las empresas, ya que en la actualidad los polígonos industriales normalmente carecen de infraestructuras de banda ancha adecuadas para sus necesidades, y el libre mercado no suele acometer inversiones de despliegue de infraestructuras en estos centros empresariales debido al escaso número de posibles clientes. Solicitamos que se incluya en el servicio universal el tejido productivo y que además sea prioritario sobre el consumidor final, debido a las repercusiones que éste tiene sobre el empleo y competitividad como país.

Además, nos gustaría que se obligara a la planificación de nuevas infraestructuras industriales como los polígonos industriales y que en estos se incluyeran la obligación de despliegues de banda ancha, fibra óptica para dar un servicio inmediato a las empresas que allí se radiquen, aunque esto entendemos que no es facultad de esta Ley.

Otras observaciones: Desaparición de roaming. Según las novedades legislativas que vienen de Europa en cuanto a la regulación de cara a crear un mercado único de telecomunicaciones, solicitamos que se tengan en cuenta estas recomendaciones de cara a incluir ciertas medidas en esta Ley, como son la supresión del roaming de voz y datos entre países, que agrava la competitividad de las empresas europeas, máxime cuando desde todas las instituciones se impulsa la internacionalización y exportación de productos y servicios.

El roaming impone un arancel adicional a los ciudadanos españoles y europeos, fragmentando los mercados y compitiendo en desventaja con otros mercados como el chino o el estadounidense, mucho más cohesionados y con una masa equivalente al de la Unión Europea.

Juntas arbitrales para empresas El tamaño de las operadoras dominantes hace que cuando haya un problema las pymes, micropymes y autónomos españoles se enfrenten a ellas en desigualdad de condiciones, y su único de recurso de reclamación sea la vía judicial, lo cual, por consumo de recursos, tiempo, y esfuerzo, produce una indefensión en la pyme española.

Se da incluso la paradoja de que un autónomo con su línea de telefonía no puede recurrir a las juntas arbitrales de consumo por ser empresa aunque sea una empresa con un solo empleado, y por lo tanto, tiene todas las de perder ante una reclamación frente una operadora.

Solicitamos que se creen la figura de juntas arbitrales de consumo pero para acoger reclamaciones de este tipo de autónomos, microempresas y pymes, de manera que se pueda llegar a conciliaciones tan beneficiosas para ambas partes y no se produzca ese desamparo.

Tasas lineales para los pequeños operadores Solicitamos que las tasas sean lineales en todos los casos para que se permita la entrada de nuevos actores y startups en el negocio, de manera que se produzcan e incentiven nuevos negocios innovadores, y haya una coexistencia entre grandes operadores y pequeños, lo que aumentará la competencia y redundará en una mayor calidad de servicio para todos.